En CNL Craniley Compliance Services acompañamos a pequeñas y medianas empresas en el cumplimiento efectivo de la Ley 7786, especialmente en lo establecido por los artículos 15 y 15 bis. Transformamos obligaciones legales en procesos simples, prácticos y adaptados a la realidad operativa de cada PYME. Nuestro enfoque combina experiencia, claridad y herramientas accesibles para que el cumplimiento sea una ventaja y no una carga.
Desde los años 80 y 90, la comunidad internacional ha impulsado acciones concretas para combatir delitos como el narcotráfico, el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. En 1989 se creó el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), que estableció 40 recomendaciones hoy consideradas el estándar global para prevenir el lavado de activos. Los países que no las aplican pueden ser clasificados como de alto riesgo o paraísos fiscales, afectando su competitividad y reputación internacional.
En Costa Rica, la Ley 7786 sentó las bases para la prevención del crimen financiero. Esta fue modificada en 2017 por la Ley 9449, incorporando una serie de actividades comerciales y profesionales no financieras que ahora están obligadas a implementar medidas de cumplimiento, como la debida diligencia, el monitoreo de operaciones, la capacitación y el reporte de transacciones sospechosas.
Además, el Acuerdo SUGEF 13-19 define los elementos mínimos de un programa de cumplimiento efectivo, incluyendo la gestión de riesgos, políticas de “Conozca a su cliente” y controles internos adaptados a cada tipo de actividad.
Más de 4.000 organizaciones en el país enfrentan el reto de cumplir con estas normativas sin perder eficiencia ni claridad operativa. Frente a esta necesidad, CNL Craniley Compliance Services desarrolla herramientas prácticas que facilitan el cumplimiento: matrices de debida diligencia, evaluaciones de riesgo, sistemas de monitoreo, reportes de transacciones y formación continua.
CNL Craniley nace desde el año 2020 con un propósito claro: fortalecer la cultura de prevención en Costa Rica, apoyando a pequeñas y medianas empresas en la construcción de estructuras sólidas, transparentes y sostenibles para combatir el crimen financiero.
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